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Documento Publico
by Agrupacion de ex-presos politicos V Region Friday, Dec. 03, 2004 at 6:35 PM
aexpp_v@yahoo.es 56-32-479958 Plaza Justicia 45, Of. 506, Valparaiso

Declaracion y puntualizaciones frente al Informe de la Comision Nacional de Prision Politica y Tortura, entregado al pais por el Presidente Sr. Ricardo Lagos el domingo 28 de noviembre.

AGRUPACIÓN exPRESAS Y exPRESOS
POLÍTICOS – V REGIÓN
aexpp_v@yahoo.es


DOCUMENTO PÚBLICO

ANTE LA ENTREGA DEL INFORME DE LA COMISION PRISION POLITICA Y TORTURA

Gran impacto se ha generado en la opinión pública y en la ciudadanía cuando a partir del domingo 28 de noviembre el Presidente de la República dio a conocer el Informe elaborado por la Comisión Prisión Política y Tortura después de un año de arduo y doloroso trabajo. Se empieza a compartir así, oficialmente, el dolor y el horror que hemos sufrido un grupo significativo de chilenas y chilenos en las prisiones de la dictadura militar, y a hacernos cargo de la vergüenza nacional e internacional a que llevaron al país las fuerzas armadas chilenas con la aplicación de torturas a miles de habitantes del país.
Valoramos el trabajo de la Comisión y los avances que esto ha significado en el reconocimiento de nuestra condición de ex-presas y ex-presos políticos, encarcelados por pensar distinto, por ser luchadores sociales o por haber sido opositores a un régimen de facto, instaurado ilegítimamente, en un acto de sedición que derrocó a un gobierno constitucional. Nos asiste el orgullo y la dignidad de haber defendido los valores mas sentidos del pueblo de Chile.
Valoramos, de igual manera, que se reconozca hoy, aunque tardíamente, lo que hemos repetido hasta el cansancio: en nuestro país se aplicó la tortura y la represión brutal de manera institucional en una política de terrorismo de estado y llevada adelante por agentes del estado y con recursos del estado.
Decepción nos produjeron las palabras del Presidente porque, mas allá que valoremos el amplio reconocimiento de la ciudadanía del uso masivo de la tortura como base de una política institucional de terrorismo de estado, creemos que el discurso del Presidente Lagos elude la responsabilidad política, ética e histórica que le cabe para enfrentar tanto ese pasado traumático como para asumir sus responsabilidades y consecuencias a futuro; pues más que la reparación a los sobrevivientes, el objetivo de fondo es negociar con las FFAA, que se resisten aún a la condena de mas de 300 oficiales por violaciones a los DDHH y poner una lápida que cierre definitivamente el problema.
35 mil testimonios son sólo un pálido reflejo, aunque de por sí impactante, de la realidad de la tortura que afectó a mas de 400 mil chilenos y chilenas y creemos que miles de testimonios y denuncias siguen pendientes y será necesario crear las condiciones para incorporarlos. Después de conocer las experiencias traumáticas de los relatos, comprenderemos por qué muchos no se han atrevido a entregar su testimonio.
La tortura junto con las ejecuciones, los detenidos desaparecidos, la prisión injusta, las relegaciones y el exilio fueron métodos de la guerra sucia que el nuevo régimen usó para hacerse del poder e imponer el terror y el miedo que le permitieron aplicar sus líneas políticas, sociales y económicas. La tortura no era sólo para los que la sufrimos directamente en nuestros cuerpos. Estaba destinada también al cuerpo social de nuestro país. Los logros del modelo económico implementado, el saqueo de bienes del estado, los grandes y medianos imperios económicos que se erigieron en Chile en las últimas décadas, están manchados con la sangre de nuestros muertos y con los horrores de nuestros torturados. Es penoso saber que los supuestos logros del país están basados en el horror de muchos chilenos.
El Presidente dice en su mensaje que su objetivo es sanar heridas, pero el silencio no es el mejor camino pues se parece mucho a la complicidad. Para nosotros el futuro de la nación sólo se puede construir solidamente sobre Verdad y Justicia y no mediante inmunidades, ni culposas impunidades. No hay mayor afrenta al honor de las FFAA como instituciones permanentes del estado que en su historia reciente cuente con dos comandantes en jefe del ejército asesinados por sus propios camaradas de armas, con las torturas en el buque escuela de la Armada nacional, con el bombardeo del Palacio de Gobierno donde combatía el Presidente Constitucional y jefe superior de las FFAA, con la prisión, tortura, muerte y exilio de miles de compatriotas indefensos.
Pero está equivocado el Presidente. No es la primera vez que las fuerzas armadas están involucradas en estos hechos deleznables. Es cuestión de mirar la historia para atrás. Varias masacres tienen a su haber en distintas épocas.
También es una afrenta al honor de todo el país, gastar 700 millones en reparar y ampliar cárceles especiales para torturadores y asesinos mientras se sepulta en vida a los Presos Políticos en la cárcel de alta seguridad y en condiciones miserables a los luchadores del pueblo mapuche.
Para nosotros, ex-presas y ex-presos políticos, es necesario conocer toda la verdad y no solo la identidad de las victimas sino también quienes fueron sus verdugos, los nombres de los responsables y cómplices, autores intelectuales y/o encubridores institucionales, políticos y morales. Sólo así será posible que cada uno asuma las responsabilidades que les competen, y que los culpables reciban el castigo social, penal y moral proporcional a sus crímenes. No hay justificación para el uso institucionalizado de la tortura. Nosotros no matamos ni torturamos a nadie. La vergüenza no es nuestra, es de ellos, de los torturadores, de los que dieron las órdenes y de los que desde las sombras y/o abiertamente, en Chile y en el extranjero, instigaron y empujaron a los militares a cometer estas fechorías. ¡De qué patriotismo nos podrán hablar ahora!
Para nosotros, desde una perspectiva ética, la justicia no consiste en obtener sólo una indemnización material por nuestro horror vivido, ni lograr que la derecha acepte un poquito mas la existencia de terrorismo de estado, asesinatos o torturas, sino en lograr la Verdad, la Justicia y la Reparación Integral a que Chile se comprometió a cumplir en sendos Tratados Internacionales.
Nos parece valiosa la creación del Instituto de DDHH pero es necesario desarrollar espacios, en regiones especialmente, que sean monumentos vivos de reconstrucción de la memoria histórica de nuestro pueblo, gestionados por las organizaciones de DDHH y que sean capaces de romper con la memoria oficial impuesta. En este criterio, exigimos al Gobierno la publicación y distribución gratuita del Informe, del mismo modo que rechazamos la confidencialidad de nuestros testimonios por 50 años. La mayoría de los ExPP creemos que una forma de reparación concreta es la difusión de los nombres y circunstancias en que actuaron nuestros torturadores. El Presidente ni nadie puede sentarse a firmar una declaración para perdonar a los torturadores y sus jefes en nombre nuestro. El perdón no es delegable, por lo que nadie puede perdonar en nombre nuestro, asumiendo los sufrimientos y angustias de los exPP.
Conocer la Verdad y no hacer justicia es desconocerla; declarar que los culpables de los crímenes son agentes del Estado y no enjuiciarlos es desvalorizar la Verdad, convirtiéndola en una mera afirmación cínica e intrascendente. La misma existencia del Terrorismo de Estado nos debe llevar a analizar la vigencia del proyecto impuesto por la dictadura y sus efectos en el Chile de hoy donde persisten graves violaciones a los DDHH y a los derechos económicos y sociales de la mayoría de los chilenos. En nuestro caso, queremos que la Armada responda por sus crímenes y nos diga qué hicieron con nuestros compañeros que hicieron desaparecer.
No queremos que gracias a la impunidad, las luchas del pueblo chileno por sus derechos sean permanentemente limitadas por las amenazas de que se repita la historia de violencia desatadas desde las cumbres del aparato del estado.
En cuanto a la reparación material, creemos que es una falta de respeto a toda la sociedad que se justifiquen recortes a todos los ministerios civiles como la forma de obtener recursos para reparar a los torturados. Chile gasta mas del 4% del PBI en gastos de Defensa, se usaron 500 millones de dólares en comprar fragatas y submarinos, otros miles en tanques y helicópteros. Las FFAA tienen un sistema de pensiones deficitario en mas de 1000 millones de dólares, y se llama a escándalo por una reparación miserable que significa 70 millones de dólares al año, mientras los gastos de defensa llegan a los 2800 millones anuales. Y más insultante aún es comparar ese gasto con la construcción de una carretera, que seguramente serviría para sacar productos de los que están depredando al país y construida además con el vergonzoso sistema de los sobresueldos. O cuando de los municipios desaparecen miles de millones de pesos que a lo mejor sirven para “reparar” bolsillos ajenos. O que se sigan pagando con nuestros impuestos la crisis bancaria de los 80. Y ni hablar de los privilegios y el alto estándar de vida de la oficialidad y los excelentes hospitales gracias al ex sueldo de Chile.
La reparación es la medida en que la sociedad asume su responsabilidad frente al tema de DDHH. Para nosotros, lo fundamental es que se cumplan normas establecidas por la ONU al respecto, pero mas allá de los montos, creemos que lo central es que este informe no puede terminar como el Informe Rettig, siendo ignorado por el CDE, ni la información sobre los responsables ocultada por 50 años. Se debe empezar por restituir nuestros derechos conculcados, terminar con las estigmatizaciones y sacar de nuestros antecedentes penales todo vestigio de nuestro paso por los recintos del horror.
El Informe resulta entonces sólo un nuevo paso en nuestra ya larga lucha por construir un Chile donde Verdad, Justicia y Reparación Integral sean reflejo de la democracia que vivamos y del futuro que queremos construir para nuestros hijos.



AGRUPACIÓN exPRESAS Y exPRESOS POLÍTICOS
V REGIÓN


Valparaíso, 1° de diciembre 2004.

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