La polémica reforma agraria en Venezuela : TEST IMC

La polémica reforma agraria en Venezuela
Acelera Chávez la expropiación de tierras y empresas privadas

Intervino la semana pasada unas 160.000 hectáreas; hay muchas más en estudio

MIAMI.- El gobierno de Hugo Chávez lanzó en los últimos días su más reciente ataque contra empresas transnacionales norteamericanas y europeas, y grupos agroindustriales privados en Venezuela, expropiando decenas de miles de hectáreas de haciendas y confiscando miles de cabezas de ganado, una ofensiva que según analistas supone una radicalización de la llamada revolución bolivariana.

En un anuncio que encendió las alarmas en sectores económicos nacionales e internacionales, el presidente del Instituto Nacional de Tierras (INTI), Richard Vivas, indicó que está en estudio la expropiación de 317 fincas, con un total de tres millones de hectáreas, porque se trata de tierras "ociosas".

Según el diario venezolano El Nacional, sin embargo, el INTI ya intervino la semana pasada 160.000 hectáreas de seis grandes propiedades, a las que declaró latifundios y terrenos ociosos, para su repartición entre 1400 familias y cooperativas campesinas. De hecho, Vivas dijo anteayer que se entregarán cartas agrarias a campesinos para que se apoderen oficialmente de tierras pertenecientes a las haciendas de La Bendición Ramera, La Marqueseña, Jovito, San Pablo Baeño, La Vaca y Barrera, ubicadas en diversas regiones del país.

En otro anuncio, la coordinadora de la chavista Unión Nacional de Trabajadores, Marcela Máspero, dijo que emprenderán la ocupación de 800 empresas "que permanecen inoperantes", incluyendo instalaciones pertenecientes a compañías nacionales y transnacionales. Utilizando soldados y tácticas intimidatorias, el gobierno ha intervenido complejos agroindustriales en diversos estados productores del país, incluyendo propiedades de grupos como el norteamericano Heinz, el italiano Parmalat, el venezolano Polar y el británico Vestey, el mayor productor de carne de Inglaterra.

Según las versiones de los grupos afectados, el gobierno ordenó que varias unidades militares impidieran el paso de los trabajadores a las plantas de producción, obligando a detener las operaciones. Luego declaró que las propiedades debían ser intervenidas porque mantenían su capacidad productiva "ociosa" y que debían ser declaradas "de interés social".

En un comunicado difundido la semana pasada, el presidente del grupo Polar, Lorenzo Mendoza, una de cuyas plantas de producción de alimentos fue intervenida, denunció que las instalaciones de su empresa en el estado de Barinas habían sido ocupadas militarmente "por instrucciones del ministro de Agricultura y Tierras, Antonio Albarrán".

La acción, añadió Mendoza, impidió "el acceso de los trabajadores a su centro de labores y, en consecuencia, se encuentran interrumpidas las actividades normales de ese centro industrial". El grupo Polar, que es el mayor del país, presentó una solicitud de amparo constitucional ante el Tribunal Supremo de Justicia, que todavía está pendiente.

Por encima de la ley

Representantes de Heinz, cuya planta de producción en el estado de Monagas, al este de Caracas, fue intervenida sin previo aviso, pidieron una clarificación de las acciones, ya que, según dijeron "los objetivos sociales no pueden estar por encima de la ley".

El jueves pasado, además, militares ocuparon una estancia de 27.000 hectáreas de la firma británica Vestey Group, y se espera la intervención "inminente´´ de otras dos propiedades con casi 30.000 cabezas de ganado en el estado de Apure, en el sur de Venezuela.

A principios de enero pasado, otra propiedad de Vestey de 13.000 hectáreas, la hacienda El Charcote, fue la primera de una serie de intervenciones de "latifundios" anunciada por el gobierno, que incluyó a la firma Venepal, una productora de papel parcialmente controlada por la transnacional estadounidense Smurfit. Las instalaciones de Venepal incluían molinos, viviendas, una escuela, un estadio de béisbol, un hotel con pileta de natación y un aeropuerto.

Hiram Gaviria, dirigente de la organización de productores Alianza Agroalimentaria y ministro de Agricultura durante el gobierno de Rafael Caldera, dijo que las expropiaciones impulsadas por el gobierno "tienen una motivación política" y están promoviendo "un clima de violencia y confrontación en la Venezuela rural".

"Con esta oleada [de expropiaciones] se busca ocultar el fracaso en materia agroalimentaria del gobierno", dijo Gaviria, quien estimó en alrededor de 2400 millones de dólares la cifra que gastó la administración en 2004 para importar alimentos y materia prima.

"No hay revolución sin revolución agraria", dijo Alberto Garrido, un analista independiente que ha escrito 14 libros sobre el chavismo y la revolución venezolana. "Las expropiaciones apuntan a instalar las bases del socialismo que Chávez ha anunciado. Esto no es una sorpresa", añadió.

Para el analista y dirigente opositor Américo Martín, "el gobierno pretende asumir el control de la distribución interna de los productos agrícolas, y esto pasa por golpear fuertemente a las trasnacionales agroindustriales".

Martín dijo que el objetivo de las expropiaciones es crear un sistema cogestionario para administrar las haciendas, "exactamente lo que hizo [Salvador] Allende en Chile, bajo la presión de los sectores más radicales del régimen", lo cual "provocó una catástrofe económica muy grande porque sencillamente no estaban en capacidad de mantener una producción y una oferta eficientes. Y en consecuencia, quebraron".

La polémica reforma agraria en Venezuela
Acelera Chávez la expropiación de tierras y empresas privadas

Intervino la semana pasada unas 160.000 hectáreas; hay muchas más en estudio

MIAMI.- El gobierno de Hugo Chávez lanzó en los últimos días su más reciente ataque contra empresas transnacionales norteamericanas y europeas, y grupos agroindustriales privados en Venezuela, expropiando decenas de miles de hectáreas de haciendas y confiscando miles de cabezas de ganado, una ofensiva que según analistas supone una radicalización de la llamada revolución bolivariana.

En un anuncio que encendió las alarmas en sectores económicos nacionales e internacionales, el presidente del Instituto Nacional de Tierras (INTI), Richard Vivas, indicó que está en estudio la expropiación de 317 fincas, con un total de tres millones de hectáreas, porque se trata de tierras "ociosas".

Según el diario venezolano El Nacional, sin embargo, el INTI ya intervino la semana pasada 160.000 hectáreas de seis grandes propiedades, a las que declaró latifundios y terrenos ociosos, para su repartición entre 1400 familias y cooperativas campesinas. De hecho, Vivas dijo anteayer que se entregarán cartas agrarias a campesinos para que se apoderen oficialmente de tierras pertenecientes a las haciendas de La Bendición Ramera, La Marqueseña, Jovito, San Pablo Baeño, La Vaca y Barrera, ubicadas en diversas regiones del país.

En otro anuncio, la coordinadora de la chavista Unión Nacional de Trabajadores, Marcela Máspero, dijo que emprenderán la ocupación de 800 empresas "que permanecen inoperantes", incluyendo instalaciones pertenecientes a compañías nacionales y transnacionales. Utilizando soldados y tácticas intimidatorias, el gobierno ha intervenido complejos agroindustriales en diversos estados productores del país, incluyendo propiedades de grupos como el norteamericano Heinz, el italiano Parmalat, el venezolano Polar y el británico Vestey, el mayor productor de carne de Inglaterra.

Según las versiones de los grupos afectados, el gobierno ordenó que varias unidades militares impidieran el paso de los trabajadores a las plantas de producción, obligando a detener las operaciones. Luego declaró que las propiedades debían ser intervenidas porque mantenían su capacidad productiva "ociosa" y que debían ser declaradas "de interés social".

En un comunicado difundido la semana pasada, el presidente del grupo Polar, Lorenzo Mendoza, una de cuyas plantas de producción de alimentos fue intervenida, denunció que las instalaciones de su empresa en el estado de Barinas habían sido ocupadas militarmente "por instrucciones del ministro de Agricultura y Tierras, Antonio Albarrán".

La acción, añadió Mendoza, impidió "el acceso de los trabajadores a su centro de labores y, en consecuencia, se encuentran interrumpidas las actividades normales de ese centro industrial". El grupo Polar, que es el mayor del país, presentó una solicitud de amparo constitucional ante el Tribunal Supremo de Justicia, que todavía está pendiente.

Por encima de la ley

Representantes de Heinz, cuya planta de producción en el estado de Monagas, al este de Caracas, fue intervenida sin previo aviso, pidieron una clarificación de las acciones, ya que, según dijeron "los objetivos sociales no pueden estar por encima de la ley".

El jueves pasado, además, militares ocuparon una estancia de 27.000 hectáreas de la firma británica Vestey Group, y se espera la intervención "inminente´´ de otras dos propiedades con casi 30.000 cabezas de ganado en el estado de Apure, en el sur de Venezuela.

A principios de enero pasado, otra propiedad de Vestey de 13.000 hectáreas, la hacienda El Charcote, fue la primera de una serie de intervenciones de "latifundios" anunciada por el gobierno, que incluyó a la firma Venepal, una productora de papel parcialmente controlada por la transnacional estadounidense Smurfit. Las instalaciones de Venepal incluían molinos, viviendas, una escuela, un estadio de béisbol, un hotel con pileta de natación y un aeropuerto.

Hiram Gaviria, dirigente de la organización de productores Alianza Agroalimentaria y ministro de Agricultura durante el gobierno de Rafael Caldera, dijo que las expropiaciones impulsadas por el gobierno "tienen una motivación política" y están promoviendo "un clima de violencia y confrontación en la Venezuela rural".

"Con esta oleada [de expropiaciones] se busca ocultar el fracaso en materia agroalimentaria del gobierno", dijo Gaviria, quien estimó en alrededor de 2400 millones de dólares la cifra que gastó la administración en 2004 para importar alimentos y materia prima.

"No hay revolución sin revolución agraria", dijo Alberto Garrido, un analista independiente que ha escrito 14 libros sobre el chavismo y la revolución venezolana. "Las expropiaciones apuntan a instalar las bases del socialismo que Chávez ha anunciado. Esto no es una sorpresa", añadió.

Para el analista y dirigente opositor Américo Martín, "el gobierno pretende asumir el control de la distribución interna de los productos agrícolas, y esto pasa por golpear fuertemente a las trasnacionales agroindustriales".

Martín dijo que el objetivo de las expropiaciones es crear un sistema cogestionario para administrar las haciendas, "exactamente lo que hizo [Salvador] Allende en Chile, bajo la presión de los sectores más radicales del régimen", lo cual "provocó una catástrofe económica muy grande porque sencillamente no estaban en capacidad de mantener una producción y una oferta eficientes. Y en consecuencia, quebraron".

Por Casto Ocando
De El Nuevo Herald

Chavez ha dado un paso fundamental con estas medidas, nuestro país requiere urgentemente que se lleve a cabo la expropiación de latifundios.lamentablemente el peso de la derecha y la oligarquía rural es muy grande , por otra parte no creo que el gobierno,que defiende interseses burgueses , se aventure a semejante empresa.
Bien por Hugo Chavez

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